Con la participación directa del Ejecutivo en el organismo que “velará” por las víctimas, y a la par cerrando el paso a la participación de peritos internacionales en investigaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o cualquier otro delito cometido contra ciudadanos, el PRI y sus aliados –a los que hoy se sumó el PAN– aprobaron cambios a la Ley General de Víctimas.

Con 302 votos a favor y 96 abstenciones de PRD, Morena y MC, el pleno avaló cambios a la actual Ley General de Víctimas.

Durante la discusión y propuestas que hizo la oposición –las cuales fueron rechazadas en conjunto–, la diputada del PRD, Cristina Gaytán, puso el dedo en la llaga y develó el verdadero objetivo de los cambios: mandar dedicatoria a los expertos internacionales para que no vengan al país a derrumbar “la verdad histórica”.

La perredista, quien forma parte de la comisión especial para indagar los hechos de Ayotzinapa, señaló lo anterior, ya que entre los cambios se anula el derecho de las víctimas a solicitar la intervención de peritos extranjeros.

Como se recordará, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y luego de que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuviera que los jóvenes fueron quemados en una pira en el basurero de Cocula, los familiares de las víctimas pidieron la intervención del grupo de argentinos expertos en antropología forense.

Estos últimos sostuvieron que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados, lo mismo sucedió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

En los cambios a la ley se establece en los artículos 12, 15 y 21 que “sólo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia”.

Ante ello, la legisladora del PRD sostuvo: “Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que, con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la ‘verdad histórica’ construida por Murillo Karam”.

Antes, acusó: “Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontado y evidenciado por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita”.

Gaytán recordó que, en la actualidad, la ley otorga a las víctimas el derecho a solicitar la intervención de expertos o peritos internacionales, y que sus servicios sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas.

“Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas”, dijo la perredista, quien insistió en que los artículos propuestos “modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían”.

Y preguntó: “¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que dimitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón?”.

A su vez Morena, a través de la diputada Araceli Damián, cuestionó que con los cambios el organismo que atenderá y defenderá a las víctimas “es juez y parte, es decir, el Estado, pues se propone, en lugar de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano compuesto por secretarios de Estado, quienes serán los que realmente tomarán decisiones en esos casos.

Omar Ortega, diputado del PRD, amplió el tema cuando, luego de calificarlo como “otro retroceso”, dijo que ahora se pretende que el organismo esté presidido por una persona y no la Comisión, pero lo peor, alertó, es que será “unipersonal, donde lo propondrá el Ejecutivo, siendo así juez y parte… pues la violencia ha venido de parte del Estado mexicano”.

Y finalmente, acotó, se ignora a las víctimas de “desplazamiento interno forzado”, incluso no se prevé siquiera el término como definición.

“En ninguna parte de la ley se dice qué es y cómo se va a atender”, deploró el perredista.

En tanto, Movimiento Ciudadano (MC) cuestionó la forma en que se ha distribuido el dinero como parte de la “reparación del daño”. Dijo que aunque no hay cómo reparar la pérdida de un familiar, la entrega de dinero no ha sido clara, pues el fondo cuenta con un subejercicio de mil 500 millones de pesos.

A su vez, Alfredo Basurto Román, de Morena, criticó que de lo entregado, la mayoría ha sido para familiares de militares.

Finalmente los cambios a la ley fueron aprobados por 302 votos de PRI, PAN, Panal, PES y PVEM, mientras que Morena, PRD y MC decidieron abstenerse.

Por otra parte, el pleno avaló reformas para que la Secretaría de Marina (Semar) asuma el control de los puertos, cambios que también fueron aprobados sólo por PRI y sus aliados, más el PAN.

Ahora, funciones que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la realizarán los marinos, con lo que la autoridad civil quedará bajo el control y arbitrio de las fuerzas militares.

La diputada Sandra Luz Falcón, de Morena, dijo que con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos “se amplía la militarización” del país.

“Nos dicen que con esta ley los puertos serán más modernos, eficientes y seguros; que no implica ninguna militarización, toda vez que la Secretaría de Marina no es lo mismo que la Armada de México, por lo que los puertos serán atendidos de manera civil (…). Nos dicen que de ninguna manera se viola el artículo 129 constitucional”, pero no es así, advirtió.

Fuente: proceso.com.mx / Foto: Benjamin Flores

 

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