Pasadas las 07:00 horas del martes 10 de julio, dos drones fueron enviados a sobrevolar la casa del secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, ubicada en la colonia Los Laureles, en Tecate.

Al menos uno de los drones estaba equipado con cámara y audio, además tenía amarradas dos granadas de fragmentación que no detonaron cuando las dejaron caer, quedando así frustrado el ataque, como reportó el semanario Zeta.

En comentarios a Zeta, Sosa Olachea señaló que el frustrado ataque probablemente lo realizó uno de los cárteles de la droga que operan en la zona, algunos de los cuales han sido objeto de recientes operativos que han derivado en la incautación de cargamentos de droga y el desmantelamiento de laboratorios para procesar drogas.

En el área operan el Cártel de Tijuana, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El incidente del 11 de julio fue el primero en que un cártel mexicano usó un dron armado para llevar a cabo un ataque, señaló Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés). Sin embargo, según Small Wars Journal, la “inoperabilidad” de los artefactos explosivos indica que se trató de una forma de intimidar al funcionario, más que de un ataque real.

En diciembre de 2017, Daily Beast informó sobre el primer supuesto incidente en el que se descubrió un dron armado como parte del arsenal de un cártel mexicano para ejecutar un ataque.

Los hechos ocurrieron cuando policías federales detuvieron un SUV robado en una carretera cerca de Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, al registrar el auto encontraron en la parte trasera, un dron listo para volar, cargado de explosivos y preparado para detonar por medio de control remoto.

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